jueves, 4 de diciembre de 2014

¿Por Donde Comenzamos?

En días pasados producto de una afirmación -que sostengo-, en el sentido que este es un sexenio perdido para los potosinos, el Secretario de Desarrollo Social, Fernando Chávez, contesta, refutando mis declaraciones, acto que celebro, pues nos da la oportunidad de evaluar el gobierno en turno.

Difícil por dónde empezar, pues prácticamente en todas las áreas existen rezagos y abandonos, corrupción, venganzas, rencores e impunidad, sin objetivos claros, rumbo, estrategias y metas a seguir.

Sin ir muy lejos, el pasado Domingo 30 de Noviembre, el Periódico Pulso, da a conocer las cifras emitidas por el Portal de semáforos económicos "México ¿cómo vamos?, iniciativa de monitoreo del Instituto Mexicano de la Competitividad y de México Evalúa, para lamento de los potosinos, con profunda tristeza nos ubican por los suelos, un Estado mal pagado, estático, con decrecimiento económico y pobre.

En el rubro de Infraestructura, al parecer lo más sobresaliente y visible es la construcción de invernaderos particulares propiedad de la familia Toranzo, ya que el resto, la carretera de Rayón a Valles, fue obra de la anterior administración así como lo relativo a la presa de El Realito.

La inseguridad en estos últimos años nunca se había descompuesto tanto: secuestros, balaceras, ejecuciones, robos, violaciones, extorsiones y una cantidad enorme de etcéteras, con resultados desastrosos.

De transparencia ya mejor ni hablamos, cada vez que se pide algo: un documento, contrato, gasto o cualquier cuestión derivada de la acción pública, terminan con pretextos para no entregarlo, todo lo esconden, de eso existen infinidad de ejemplos, a grado tal que el mismísimo Comité Ciudadano de Transparencia sufre las de Caín, sin obtener respuestas.

En realidad, nada para enorgullecernos, continuamos como un Estado fallido, no pintamos a nivel nacional, en tanto, que la federación tiene problemas mayores a los que aquí padecemos, en consecuencia no somos en estos momentos una prioridad, sin embargo, estamos ciertos, que en estos últimos años la calidad de vida ha bajado sustancialmente en todos los aspectos.

También, para ser honesto, no es solamente una cuestión del gobierno en turno, sin duda, responsable principal de la catástrofe, pero no el único. Los ciudadanos estamos obligados a actuar, a exigir, a reclamar, a ser críticos, a observar y a denunciar.

La respuesta de Fernando Chávez, no solo es insuficiente, también es sesgada y parcial. Entiendo que lo hace por órdenes de su jefe y no por motu propio. Aquí el problema radica en que siguen pensando que todo está bien, que su administración es la mejor. Se engañan a sí mismos, eluden la realidad, maquillan las cifras y, se vuelven ciegos y sordos.

El panorama no es alentador, es preciso unir esfuerzos para salir del atolladero, no es cuestión partidaria sino de potosinidad, de organización cívica, de concientización y educación, de ética y responsabilidad, de un llamado a la reconciliación, que no va a llegar por Decreto, sino por las reivindicaciones, la restauración del tejido social y la aplicación justa de la ley.


Entiendo que las unanimidades no existen, hay de todo en la viña del señor, por eso nos duele aun más, que haya maderas que no agarran barniz.    

jueves, 20 de noviembre de 2014

Un Sexenio de Dos Años

Aun no concluye el primer tercio de la administración presidencial, será hasta el próximo primero de Diciembre y, lo que se inicio como espacio de dialogo, de entendimiento y señales de concordia para sumar esfuerzos en torno a concluir la transición, fue derivando en una serie de acontecimientos marcando con imborrable huella el actual sexenio.


Cada presidente de la república en su respectiva época, ha tenido altas y bajas, ratos de amargura y logros, que definieron  su paso en la conducción del país. Son los aspectos negativos de cada administración los que permanecen en la memoria colectiva de los ciudadanos, como olvidar el discurso de López Portillo:"defenderé el peso como perro", y zas, la devaluación de 1982, con De la Madrid su "renovación moral", el Salinato tuvo que quitarle tres ceros al peso y, al final de su mandato se dieron los cobardes crímenes de Colosio y Ruiz Masseiu. El presidente Zedillo cargo con la depreciación del peso ocurrida en Diciembre de1994 y el escándalo  del Fobaproa, a Fox se le ubica por su célebre frase ¿y yo porque?, y  Calderón sigue presente por el combate sin cuartel a la delincuencia organizada.


El actual, daba la impresión de transitar por camino pavimentado, sin sobresaltos mayores, buen manejo de la comunicación, reformas importantes y detenciones de capos de la mafia.


De repente, en poco tiempo el tren se descarrilo. Últimamente, se han presentado tal cumulo de sucesos que han puesto al país en crisis, dañando seriamente al gobierno federal, a los locales, a la clase política, incluyendo a los Partidos y, sin duda, la figura presidencial.


Las encuestas, sondeos y opinión pública, muestra una clara falta de credibilidad, producto de un desgaste provocado por la ola de violencia indiscriminada e interminable, una salvaje barbarie que se puso al descubierto con el caso de los 22 ejecutados y 43 estudiantes desaparecidos. Los escándalos siguen con rumores de corrupción y engaño a los más altos niveles, alcaldes acusados de pactar con criminales, policías delincuentes, gobiernos aislados alejados de la gente y todos con la sensación de que Michoacán, Guerrero y Oaxaca, siguen vigentes.


Las deudas públicas creciendo al igual que el déficit, además nos impusieron una reforma fiscal regresiva y, en medio, marchas, bloqueos y manifestaciones. El gobierno pasmado, cansado y sin informar a ciencia cierta lo que ocurre.



México al borde del caos y con un desprestigio internacional como nunca, lamentablemente este es el sello que registrara la historia: un sexenio de dos años. Ante este desolador panorama, como el Ave Fénix a resucitar de entre las cenizas.

jueves, 30 de octubre de 2014

¿Primitiva Barbarie o Sociedad en Paz?


"ser o no ser, esa es la cuestión" (William Shakespeare)




Desde el punto de vista teórico, la soberanía, principio recogido por la estructura constitucional, reside precisamente en el pueblo y se ejerce por las tres funciones básicas en que se compone el Estado: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial, independientemente que pueden existir otras como la electoral, la militar o la municipal. El valor supremo implica la unidad social, por lo tanto, la actividad de esos poderes públicos les corresponde la misión de atender las necesidades y aspiraciones de la vida humana.

Evidentemente no es una tarea sencilla, pues la complejidad de las sociedades modernas tienen múltiples manifestaciones: de acuerdo a sus propios intereses, anhelos, creencias, formas de pensar, tradiciones, egos, pugnas y defensa de sus derechos y libertades. Estas tendencias son vinculantes e inherentes a la vida en común, son cuestiones bien definidas y registradas por la ciencia y la historia, que ahora se localizan caracterizadas y clasificadas. Más aun, las actuales condiciones dan a la vida social atributos adicionales,  el avance industrial y la asombrosa revolución tecnológica, que nos lleva invariablemente al terreno del conocimiento y la información, hace que la opinión pública tenga un peso importante. Sin embargo, pese a las diferencias, siempre existe un punto de encuentro: "una sociedad en paz".

Tanto Aristóteles como Montesquieu, sostenían que cuando alguna de las funciones del Estado no ejercían su quehacer correctamente, es decir, las encomendadas al Ejecutivo, legislativo o al Judicial, este se volvía en ineficaz, reflejándose esta situación en las injusticias, los excesos y la alteración del orden social. Sin duda, es claro ejemplo de lo que nos ocurre, pues las cosas se han salido de control.

En el ámbito local es evidente que el diseño institucional solo se encuentra en la norma como letra muerta, pues las funciones del Estado y los equilibrios desde hace tiempo dejaron de existir, en contraste, abrieron la puerta a luchas sin cuartel, sin reglas, provocando desajustes en la paz social.

Realizaron una réplica del sistema federal sin contar con las condiciones que sostienen a este, lo cual ha provocado un verdadero desequilibrio que da pauta a los excesos brutales que ahora padecemos.

La recuperación de la armonía social va a depender de la capacidad del Estado en su necesidad de restaurarse, tanto en la vinculación con la comunidad, como en el imperativo de establecer un diseño institucional funcional.

Es impostergable combatir la primitiva barbarie que nos invade, desgraciadamente en algunos casos provocada desde el ámbito oficial. Se requiere establecer con urgencia mecanismos que permitan un orden y respeto social, para ello, se necesita transformar el diseño de gobierno y, principalmente la voluntad de quienes ejercen cargos públicos. 

Dados los acontecimientos que desde hace tiempo se vienen presentando, impactados por la dimensión alcanzada y los desgarradores episodios que nos rodean, cuyos trágicos resultados han traspasado fronteras, muchos nos preguntamos sobre sus causas: ¿si se trata de un modelo cultural indeseable, producto de muchos factores sociales o se deriva de un diseño de gobierno ineficaz?

Desde el punto de vista teórico, la soberanía, principio recogido por la estructura constitucional, reside precisamente en el pueblo y se ejerce por las tres funciones básicas en que se compone el Estado: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial, independientemente que pueden existir otras como la electoral, la militar o la municipal. El valor supremo implica la unidad social, por lo tanto, la actividad de esos poderes públicos les corresponde la misión de atender las necesidades y aspiraciones de la vida humana.

Evidentemente no es una tarea sencilla, pues la complejidad de las sociedades modernas tienen múltiples manifestaciones: de acuerdo a sus propios intereses, anhelos, creencias, formas de pensar, tradiciones, egos, pugnas y defensa de sus derechos y libertades. Estas tendencias son vinculantes e inherentes a la vida en común, son cuestiones bien definidas y registradas por la ciencia y la historia, que ahora se localizan caracterizadas y clasificadas. Más aun, las actuales condiciones dan a la vida social atributos adicionales,  el avance industrial y la asombrosa revolución tecnológica, que nos lleva invariablemente al terreno del conocimiento y la información, hace que la opinión pública tenga un peso importante. Sin embargo, pese a las diferencias, siempre existe un punto de encuentro: "una sociedad en paz".

Tanto Aristóteles como Montesquieu, sostenían que cuando alguna de las funciones del Estado no ejercían su quehacer correctamente, es decir, las encomendadas al Ejecutivo, legislativo o al Judicial, este se volvía en ineficaz, reflejándose esta situación en las injusticias, los excesos y la alteración del orden social. Sin duda, es claro ejemplo de lo que nos ocurre, pues las cosas se han salido de control.

En el ámbito local es evidente que el diseño institucional solo se encuentra en la norma como letra muerta, pues las funciones del Estado y los equilibrios desde hace tiempo dejaron de existir, en contraste, abrieron la puerta a luchas sin cuartel, sin reglas, provocando desajustes en la paz social.

Realizaron una réplica del sistema federal sin contar con las condiciones que sostienen a este, lo cual ha provocado un verdadero desequilibrio que da pauta a los excesos brutales que ahora padecemos.

La recuperación de la armonía social va a depender de la capacidad del Estado en su necesidad de restaurarse, tanto en la vinculación con la comunidad, como en el imperativo de establecer un diseño institucional funcional.

Es impostergable combatir la primitiva barbarie que nos invade, desgraciadamente en algunos casos provocada desde el ámbito oficial. Se requiere establecer con urgencia mecanismos que permitan un orden y respeto social, para ello, se necesita transformar el diseño de gobierno y, principalmente la voluntad de quienes ejercen cargos públicos. 

jueves, 23 de octubre de 2014

Estado, Política y Violencia

"Las ventajas de una recta organización pública, se han de reflejar en el bienestar de los particulares" (Luis Izaga, filosofo español).



Por obvio que parezca decirlo, nos encontramos como país en una situación de "crisis", pese al dialogo político y reformador al inicio de la actual administración, lo cual supuso abría la puerta del entendimiento, sugería la modernización democrática y encontraba cauces comunes en la construcción del Estado de Derecho, lo cual suponía una nueva época.

Sin embargo en los hechos el contraste es abrumador, pues lejos de acercarnos a los objetivos propuestos a través del quehacer político, actividad que posibilita de manera pacífica realizar profundos cambios, hemos padecido permanentes violaciones a los derechos humanos, presentándose trágicos acontecimientos, que nos hacen palidecer y nos ponen en el mapa mundial como un país en franco deterioro, sin gobierno, lleno de crueldad y, por consiguiente a distancia de un régimen democrático.

Tanto Tzun Tzu como Maquiavelo,  escribieron un libro en diferentes épocas, con el mismo título: "El Arte de la Guerra".  Ambos describen las características necesarias para obtener éxito en situaciones complicadas: dan cuenta de la importancia que implica conocer el terreno donde se va a desarrollar la contienda, así como contar con aliados y conocer al adversario.

El problema está presente con dimensiones inesperadas, las opciones para encontrar caminos de solución, son pocas y determinantes para el futuro de la nación. Primero la voluntad, eje esencial requerido en el retorno al orden, no obstante ello, es insuficiente si únicamente se contempla desde el ámbito de la autoridad. La función del Estado abarca las relaciones de la actividad y de la constitución Jurídica de las sociedades humanas, encaminadas a propiciar su mejor desarrollo, en consecuencia cualquier decisión atañe a todos, en su respectivo ámbito de responsabilidad.

Ni continuar por el sendero de la anarquía ni sucumbir en el terreno del autoritarismo, ese es el reto. El cansancio social esperando respuestas que no llegan se comienza a agotar, la razón y la ética obliga a revelar la verdad sobre la dimensión de los problemas y, en esa medida, edificar una consciencia ciudadana en aras de crear el ineludible y necesario compromiso: gobierno-sociedad, en la suma de un propósito común.

El fenómeno de la violencia conduce al caos y a la destrucción del Estado de Derecho, oprime a la sociedad, restringe las libertades y cercena el desarrollo. Por otra parte, las personas y familias, tienen la legítima aspiración a la seguridad, al orden, a la protección, a la asistencia y al progreso.

En ese renglón es donde el Estado se encuentra obligado a actuar, conforme los principios de subsidiaridad y solidaridad, tomando en cuenta la opinión pública, su capacidad para organizarse y de su ímpetu para luchar en contra de quienes han traicionado los ideales de la nación.

Si bien, la operatividad tiene altos niveles de complejidad, la problemática se encuentra diagnosticada y bien conocida, los aliados tanto en el ámbito de la sociedad organizada como en el sector social y político, existen y están prestos a cerrar filas, solo falta como diría don Rafael Preciado Hernández (filosofo y político mexicano), ajustar nuestra vida pública, al pensamiento democrático de la Constitución.



jueves, 16 de octubre de 2014

Desesperación e Impotencia

El clima que se ha desatado en el país, se ve cada día mas enrarecido, las noticias dan cuenta de un desastroso panorama, sin ser malinchista, los hechos hablan por sí mismos, tampoco se trata de tapar el sol con un dedo cuando los acontecimientos son más que evidentes. Las conductas arrojan resultados trágicos, los dramas se vuelven cotidianos y la capacidad para evitarlos es prácticamente nula: gobiernos anodinos, negligentes, corruptos e ineficaces, economía deteriorada e inseguridad en apogeo.

El problema no puede desvincularse a la desmedida corrupción e impunidad que prevalece a lo largo y ancho del país. El asunto no es menor y tampoco es  cuestión de simple negligencia, ignorancia, incapacidad o de casos aislados, se trata de todo un entramado de complicidades, que ha ido escalando hasta arribar a niveles insostenibles, inclusive raya peligrosamente en la frontera de la seguridad nacional.

La evolución y desarrollo del fenómeno causa escozor, pues  ahora se opera desde dos ángulos: comenzando por el tradicional método conocido por todos, la extorsión, mordida, moches, colusión, complicidad y protección. El otro, consiste en trastocar y distorsionar la ley para fabricar culpables, particularmente en contra de aquellos que se resisten a participar, así encontramos delincuentes en la calle, haciendo de las suyas y, muchos inocentes privados de su libertad, padeciendo las injusticias de autoridades venales.

El Poder Judicial ha sucumbido -lo digo con lamento-, a estas detestables prácticas. Desgraciadamente muchos ejemplos existen, más evidente en el ámbito local, de  jueces que se prestan a este tipo de maniobras, para después verse favorecidos con promociones como magistrados, circunstancia que los anima a quedar bien con el ejecutivo y, a alejarse de la encomienda de impartir correctamente la justicia.

Dos cuestiones ha engendrado en los últimos años este flagelo: la primera salta a la vista con toda su crudeza, pues valiéndose de la impunidad, es evidente que muchas autoridades sin dimensionar sus actos, han caído en el más brutal de los excesos, les da lo mismo tomar recursos de las arcas públicas, que ordenar ejecuciones en contra de sus enemigos. Tienen que ocurrir casos patéticos como los de Tlatlaya e Iguala para voltear la mirada y observar con desesperación e impotencia la inescrupulosa ley de la selva.

A eso se debe que la ciudadanía ya no cree, no confía y no participa. Tiene un profundo sentimiento de frustración y abandono, a la par de ser rehén de delincuentes disfrazados de autoridad, la sociedad va guardando rencores.

La conciencia colectiva está en  espera de acciones más que de discursos que chocan con la realidad, se encuentra ansiosa de que se imponga orden y respeto, de autoridades justas, de gobiernos amistosos, de desterrar la sensación de que no ocurre nada y ávida por encontrar el camino de la legalidad, de la certidumbre, de la honestidad y de la dignidad.


El México que tenemos, no es el México que queremos.  

jueves, 9 de octubre de 2014

El De Atrás Paga



Deudas Públicas Sin Control


Uno de los compromisos del Pacto por México, concretamente el número 68, se refiere a atender mediante controles legales, los excesos en las deudas de los Estados y Municipios, a efecto de impedir el quebranto en esos órdenes de gobierno.

La gota que derramo el vaso proviene del caso Coahuila, donde los niveles de deuda pública rebasaron con mucho la capacidad de pago del estado, hipotecando las finanzas públicas durante muchos años.

La motivación derivada de esa escanda, concluyo en la conveniencia de poner orden, juzgando apropiado incluir el tema como una prioridad nacional. Se hizo el compromiso de construir una legislación nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública, cuyo enfoque estaría en los controles para que estados y municipios puedan contratar deuda, procurando evitar la discrecionalidad y los abusos.

Los tiempos previstos en el pacto ya se agotaron, se había considerado concretar la reforma en el segundo semestre del 2013, sin embargo, existieron diferencias entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, esta última sostiene que el tema le otorga ser Cámara de origen. Ahora cada una tiene una minuta de reforma constitucional, ambas similares, aunque también ambas en la congeladora.

Mientras ello ocurre, los estados y municipios se han dado vuelo solicitando créditos. Las maltrechas finanzas en esos órdenes de gobierno no han sido obstáculo para continuar endeudando a las administraciones, bajo el socorrido argumento de evitar catástrofes mayores, dejando el cumplimiento de los compromisos contraídos a los siguientes gobiernos, el que viene paga.

El riesgo sigue latente, en poco tiempo se agotara el margen de maniobra de estados y municipios, quienes financieramente tendrán escaso recurso y las manos atadas, para atender las necesidades de desarrollo de sus regiones, previendo un severo impacto en la calidad de vida de sus habitantes, al tener que enfrentar el pago de los compromisos crediticios contraídos por anteriores administraciones.

Se observa con inquietud el desmedido incremento de la deuda publica en Estados y Municipios, manejado con total opacidad en cuanto al destino y manejo de los recursos, con dudosa capacidad de pago y, enviando las futuras necesidades de sus regiones a sufrir prácticamente el irremediable estancamiento y abandono.

Cada entidad se ampara en su propia soberanía, tiene sus reglas y las aplica, lo lamentable consiste precisamente que esa facultad la utiliza a contentillo y a conveniencia de la autoridad en turno para pedir prestado. En contrapartida, la dependencia con el gobierno federal en cuanto a sus ingresos públicos es considerable, en promedio arriba del noventa por ciento, en consecuencia la deuda que se adquiere es su nacional y, por lo tanto, las finanzas públicas estatales y municipales son una preocupación nacional.

El contar con un equilibrio presupuestario y propiciar condiciones para el crecimiento económico y el empleo en cada estado y municipio del país, son cuestiones fundamentales para un manejo sostenible de las finanzas públicas, en consecuencia, los créditos de estados y municipios para un manejo prudente de los mismos, obliga a poner límites y modalidades, a su transparencia y fiscalización, también a su adecuada implementación  y a deslindar responsabilidades.

   

jueves, 25 de septiembre de 2014

Rendición de Cuentas

¿Ineludible obligación o simple pretexto para promoción personal?


En las democracias,  una de las premisas que sostienen esa calidad, se remite precisamente a la obligación ineludible del gobierno a rendir cuentas, es decir, explicar o justificar sus acciones, impuesta tanto por el orden normativo como por razones éticas frente al gobernado.

Atender esencialmente al interés colectivo, implica que el gobierno debe responder de sus actos y decisiones, otorgando especial cuidado del manejo de los recursos públicos, con el objeto de prevenir y evitar desvíos, llegado el caso, corregir y sancionar. Este apartado continua siendo simplemente una teoría guardada bajo candado en el baúl de los olvidos.

En nuestro país el hecho de informar cuando menos una vez por año, es una práctica que se lleva a cabo con regularidad, constituye un acto que nos permite tener la visión, eso sí, triunfalista del servidor público. Se trata de toda una ceremonia, se realizan múltiples preparativos: desde el escenario, campañas publicitarias, spots, espectaculares, vídeos, hasta un texto con argumentaciones muy cuidadas. Ya nos acostumbramos, algunos lo hacen en cumplimiento de la ley, otros por voluntad propia, ambos sin duda, procuran promocionarse.

Tiene su lado positivo: dan la cara, ponen su punto de vista desde una perspectiva parcial, enfrentan a los electores y al Congreso y presentan elementos para su valoración. Por otra parte, esos informes carecerían de sentido alguno sin la transparencia, aquí en México como bien lo señala Miguel Carbonell durante muchos años imperaba el reino de la opacidad, digno de un régimen dictatorial, sin echar campanas al vuelo, pues en algunos estados esa tendencia sigue prevaleciendo.

La rendición de cuentas no puede circunscribirse al informe de los gobernantes, que dicho sea de paso, se infringe el párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, que establece: “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos...... de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esa propaganda incluirá nombres, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.", también  existe una disposición en ley secundaria, que autoriza lo contrario. En fin, lo importante es el acceso real del ciudadano a la información pública.

El pensador inglés, padre del utilitarismo, Jeremy Bentham, en su obra publicada en 1791, denominada Essay On Political Tactis, establecía que la transparencia de los actos públicos tenía cuatro atributos: primero, contiene a los funcionarios públicos; segundo, fortalece la confianza ciudadana; tercero, da a los electores la facultad de obrar con conocimiento de causa y; cuarto, otorga al gobierno la posibilidad de aprovechar ideas del público.

Lo anterior nos conduce al análisis del terreno que actualmente pisamos: los informes de los servidores públicos son pasarelas políticas, el acceso a la información pública aún se regatea, se utilizan recursos del erario público para promover la imagen personal y, por último, la desconfianza ciudadana sigue en apogeo.

¡Lo que parece, es! (refrán popular).